ada vez que Sebastián Vaca y Hugo Acosta, un matrimonio de cordobeses, hablaban de adoptar, escuchaban lo mismo: que era un proceso largo, burocrático y casi imposible. Pero cuando finalmente iniciaron los trámites, nada de eso ocurrió. En menos de un año se convirtieron en padres de Bairon y Noah, dos hermanos que hoy los llaman “papá”.
La historia de la familia Acosta Vaca refleja un cambio estructural. A partir de una reforma del sistema de adopciones impulsada por el Poder Judicial de Córdoba, esa provincia logró reducir plazos, ampliar el universo de personas dispuestas a adoptar, y transformar una práctica que había sido históricamente lenta y fragmentada en un proceso más ágil y centrado en el derecho de los chicos a vivir en familia.
No era un mito
Hasta hace pocos años, el sistema de adopciones en Córdoba arrastraba obstáculos estructurales que impactaban en su eficacia. Trámites presenciales; circuitos desconectados; demoras en las evaluaciones de los postulantes a adoptar y un registro poco accesible hacían que los procesos se extendieran durante años. La burocracia no solo ralentizaba las adopciones, sino que también desalentaba a muchas personas interesadas en iniciar el camino.
“La idea instalada en la sociedad de que adoptar era difícil no representaba un mito: era exactamente lo que pasaba”, resume Agustina Olmedo, secretaria general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, y responsable de la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil. Olmedo explica que, en la práctica, solo inscribirse en el Registro Único de Postulantes a la Guarda Adoptiva (RUA) podía llevar dos años o más. El trámite exigía la presentación de una gran cantidad de documentación en formato papel y la gestión de manera presencial en la ciudad de Córdoba. Para quienes vivían fuera de la capital, implicaba traslados de varias horas, una coordinación de turnos, mayores costos y, en general, una logística difícil de sostener.
Además, Córdoba adhirió a la Ley nacional 25.854, que establece que la documentación presentada por los postulantes tiene una vigencia de un año. “Había familias que tardaban tanto en completar los requisitos que, cuando lograban hacerlo, la documentación ya se les vencía y tenían que empezar de nuevo”, expone Olmedo. El resultado era un embudo: muchas personas iniciaban el trámite, pero pocas lograban completarlo.
Las dificultades también se evidenciaban en las convocatorias públicas de adopción, un llamado abierto a la comunidad que se propone encontrar una familia para aquellos niños, niñas y adolescentes a los que más cuesta hallar una (chicos y chicas con más de cinco años; grupos de hermanos, o niños con alguna discapacidad o problemáticas de salud). Puede postularse cualquier persona o pareja, sin importar que estén previamente inscriptos en el registro de adopción. En 2022, en Córdoba se realizaron ocho convocatorias públicas que incluían a 10 niños. Ninguna logró concretar una adopción.
Para Fabiana Isa, psicóloga y exdirectora de la Dirección Nacional del Registro Único de Postulantes a Guarda Adoptiva (Dnrua), el problema no era solo administrativo, sino de enfoque: “Córdoba es una provincia que históricamente tuvo mala prensa. Era un sistema que no estaba pensado ni en los chicos ni en facilitar el acceso de los adultos que querían adoptar. Eso generaba demoras que, para la vida de un niño, son tiempos irreparables”.
La necesidad de transformación comenzó a tomar forma en 2021 dentro del propio TSJ, la máxima autoridad del Poder Judicial, a partir del diagnóstico de la oficina que encabeza Olmedo respecto de la acumulación de experiencias fallidas y de una demanda social cada vez más visible. Pero la necesidad de una transformación no era sólo administrativa, sino cultural en el sentido de abandonar un modelo centrado en el expediente para abrazar uno que privilegiara los derechos fundamentales de los chicos y las chicas, con las seguridades y garantías que exige esta clase de procedimientos extremadamente sensibles y delicados.
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Un cambio apoyado en la tecnología
La reforma del sistema de adopciones en Córdoba comenzó a delinearse en 2021 y se implementó de manera plena en 2023. No implicó cambios legislativos, sino la aprobación de un protocolo de actuación obligatorio para todos los juzgados, acompañado por una reorganización institucional; inversión en recursos humanos; desarrollo tecnológico y una nueva estrategia de comunicación pública.
El primer eje fue la digitalización integral del RUA. El trámite de inscripción pasó a ser completamente online con tutoriales en lenguaje accesible; carga digital de documentación; cursos virtuales y un sistema de notificaciones automáticas que permite hacer un seguimiento de cada etapa. “Revisamos todo lo que se pedía. Era excesivo. Mucha documentación se reemplazó por declaraciones juradas”, explica Olmedo.
La plataforma incorpora alertas automáticas: si un postulante no avanza, el sistema lo detecta, y envía recordatorios y opciones de contacto. Gracias a este acompañamiento, la tasa de finalización del trámite creció el 60%. Para el desarrollo tecnológico, el TSJ contrató una empresa externa. “Nuestra área informática estaba saturada. Tercerizar fue clave para hacerlo bien y rápido”, señala Olmedo. La única instancia presencial que se mantuvo son las entrevistas interdisciplinarias obligatorias de los postulantes a adoptar con el equipo técnico (integrado por psicólogos y trabajadores sociales), que son indispensables para otorgar el visto bueno a los aspirantes.
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En paralelo, se agilizaron los procesos judiciales: se redujeron audiencias innecesarias —reemplazadas por informes escritos—, y se estandarizaron los informes sobre los niños que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) envía a los juzgados. “Antes llegaban incompletos, y generaban un ida y vuelta eterno”, explica Olmedo.
Un componente central fue el fortalecimiento del equipo técnico de adopción, la estructura humana responsable de evaluar a las familias que se inscriben para adoptar, y de acompañar a chicos y adultos durante todo el proceso. Pasó de seis profesionales a 20. “Pudimos ponernos al día con evaluaciones que llevaban más de un año de espera. Hoy la demora no es de más de un mes”, explica Mónica Soria, su directora. “Eso acelera los tiempos de los adultos, pero, sobre todo, los de los chicos”, enfatiza.
El acompañamiento de estos profesionales fue fundamental para Sebastián y Hugo. “No nos soltaron la mano en ningún momento”, cuentan. Hoy recuerdan el llamado en el que les propusieron conocer a Bairon y Noah, dos hermanos que tenían menos de cinco años, como el inicio de una vida que, creían, parecía imposible. “Fue todo muy rápido”, subrayan.
El TSJ creó además una Unidad de Seguimiento que acompaña cada caso desde la declaración de adoptabilidad hasta la sentencia definitiva. “Somos la única provincia que tiene esta figura”, destaca Olmedo.
En paralelo se lanzaron campañas de concientización para visibilizar las convocatorias públicas. La primera fue en 2023; se llamó “Abrazá sus vidas, transformá la tuya”, y contó el testimonio de padres que habían adoptado a grupos de hermanos, chicos con problemáticas de salud y adolescentes. La segunda, “Adopciones +12: Abrazá sus vidas, crecé en familia”, se lanzó en 2025 y dio voz a los chicos más grandes.
“Había que romper mitos y contar cuál era la realidad de la mayoría de los que esperan en los hogares”, explica Belén Torres Cammisa, responsable de comunicación del TSJ.
Se sumaron piezas audiovisuales, un podcast con la voz de los chicos, y se empezaron a difundir las convocatorias públicas cada 15 días mediante una alianza con medios locales y nacionales. Además, se comunicaron todos los cambios en el sistema.
Por otro lado, cada vez que se lanza una convocatoria pública y se reciben postulaciones, se organizan reuniones con otras familias que ya adoptaron. “Para contar sus experiencias, buscamos matrimonios o personas que hayan adoptado a chicos con características similares a aquellos que participan en la convocatoria para que los postulantes les hagan todas las preguntas que quieran”, dice Olmedo. Ese fue el caso de Lorena Chiaraviglio y Juan Manuel González, quienes adoptaron a Lucía, de 11 años. A la niña le habían dicho que lo más probable era que no encontrara familia por su edad en la institución en la que estaba alojada. Lorena y Juan Manuel vieron la publicación y pensaron: “¿por qué no?”. Seis meses después, eran padres. “El sistema dejó de ser un laberinto. Nunca nos sentimos solos”, cuentan.
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Procesos que duran, en promedio, ocho meses
Desde la implementación de la reforma, según datos del TSJ, las sentencias de adopción aumentaron el 76% en la ciudad de Córdoba y el 33% en el resto de la provincia. “En 2020, por ejemplo, hubo 35 sentencias de adopción. En 2021, 71. Mientras que en los últimos dos años, 383 niños, niñas y adolescentes encontraron una familia, y otros 46 se encuentran actualmente en proceso de vinculación”, detalla Olmedo.
Y suma: “hoy un proceso de adopción dura en promedio ocho meses desde el inicio de la vinculación hasta la sentencia definitiva. Antes podía llevar dos años o más”. María Marta Cáceres de Bollati, vocal del TSJ y quien tomó la decisión política de impulsar la reforma, aporta: “además de todos esos cambios, dispusimos la prioridad de juzgamiento en las causas que involucran a chicos y chicas en procesos judiciales. Acá hay que cumplir los plazos de la ley y, de ser posible, reducirlos”.
Las convocatorias públicas mostraron un cambio drástico: en 2022 se realizaron ocho convocatorias sin resultados; en 2024 se publicaron 57 convocatorias que incluyeron a 64 chicos, y,en 2025, 23 convocatorias permitieron que 24 de 27 niños y adolescentes encontraran una familia.
Por otro lado, desde la digitalización del RUA, más de 16.000 personas ingresaron al portal y, desde septiembre de 2023, se aprobaron 555 solicitudes de interesados en adoptar, que quedaron inscriptos en el registro.
Para Griselda Martínez, defensora de Niñez y Adolescencia del Ministerio Público de la Defensa de Córdoba, el impacto de la reforma se tradujo en una mejora concreta de los tiempos, y de la coordinación entre los actores judiciales y técnicos. La estandarización de los procedimientos y la reorganización de las oficinas que intervienen en el trámite permitió un seguimiento más exhaustivo de cada caso y aceleró los plazos judiciales.
“Te doy un ejemplo: a partir de la reforma, cuando llega un dictamen de adoptabilidad, el equipo de adopciones puede empezar a analizar los posibles candidatos para esos niños mientras se aguarda la ratificación del juez. Esa anticipación acorta los tiempos”, ilustra Martínez.
La defensora pública también destaca cómo se profundizó el trabajo del área técnica.“Las nuevas valoraciones permiten diagnósticos más precisos de los chicos y habilitan conversaciones más honestas con las familias al detectar cuál es su disponibilidad adoptiva real. Eso abrió nuevas posibilidades para niños con discapacidad y otros perfiles que antes quedaban fuera, y es uno de los cambios más valiosos de la reforma”, subraya.
Por su parte, Fabiana Isa considera que uno de los mayores logros de la experiencia cordobesa fue haber puesto en primer plano una mirada “niño-céntrica”. “Córdoba logró identificar una problemática y correr el eje del sistema: empezó a pensar en los tiempos de los chicos, no solo en los de los adultos, y en mostrar no solo la espera, sino las historias concretas que hay detrás”, describe.
Isa destaca el acento en las convocatorias públicas, un recurso que no todas las jurisdicciones utilizan con la misma decisión. “Cuando se modifican las prácticas y se las visibiliza, la población responde. Las convocatorias muestran que hay niños con nombre propio esperando una familia, y, al mismo tiempo, el sistema achica trámites y acompaña a los adultos, para que los tiempos corran tanto para los chicos como para quienes desean adoptar”, señala. Según su criterio, la combinación entre reforma institucional y campañas de concientización fue estratégica: “detectar el problema y cambiar los procedimientos era indispensable, pero comunicarlo en los medios permitió que el cambio se volviera efectivo”.
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Ponerse en campaña
En el Tribunal Superior de Justicia destacan que la experiencia cordobesa es replicable porque no se apoyó únicamente en cambios tecnológicos o administrativos, sino en una redefinición integral del modo de comunicar y acompañar los procesos de adopción.
El componente comunicacional no implicó grandes costos, sino una decisión estratégica: articular áreas internas, capacitar equipos y priorizar una narrativa centrada en derechos. Hoy varias provincias consultan específicamente por este modelo de campañas, además del sistema digital.
Nombre de la práctica :
Oficina implementadora :
Jurisdicción :
Recomendaciones :
- Invertir en equipos técnicos y en campañas de concientización que ayuden a visibilizar la realidad de los chicos que esperan una familia.
- Digitalizar integralmente la inscripción a los registros de adopción, con tutoriales y lenguaje accesible.
- Acompañar de forma activa a las familias durante todo el proceso. Sumar cursos en los que puedan conocer el testimonio de quienes ya adoptaron.
Impacto principal :
Con respecto a la digitalización, Olmedo explica que la inversión del Poder Judicial en el desarrollo de una plataforma virtual para la inscripción en el Registro Único de Adopciones fue de $ 84.318.340. “Es un monto que claramente pueden afrontar otros poderes judiciales”, afirma. Y agrega: “la digitalización fue clave, pero no alcanza si no hay un trabajo fuerte para interpelar prejuicios y acercar la información a la gente”.
En esa línea, sobre las campañas de concientización, Torres Cammisa cuenta: “decidimos poner a los chicos en el centro, con sus deseos e historias”. Dejaron atrás un lenguaje técnico o abstracto, y comenzaron a apelar a lo humano: relatos de chicos en primera persona; videos breves; testimonios de familias adoptivas y convocatorias públicas que contaban la realidad de quienes esperan ser adoptados. Ese enfoque permitió ampliar significativamente el universo de personas dispuestas a adoptar perfiles que antes quedaban relegados. Muchas familias que inicialmente se inscribían buscando bebés de manera exclusiva comenzaron a revisar este anhelo luego de acceder a información clara y escuchar otras experiencias. “Cuando mostrás que la adopción de adolescentes o de grupos de hermanos es posible y que hay equipos que acompañan, algo cambia”, resume Olmedo.
Torres Cammisa concluye: “la clave es entender que la adopción no se resuelve solo con normas o plataformas, sino con confianza, cercanía y humanidad”.
Mamá, papá y dos mascotas
Para Isa que otras provincias repliquen la experiencia cordobesa no sólo es posible, sino que resulta “urgente”. Porque detrás de cada trámite agilizado hay una infancia que deja de esperar.
Lucía lo recuerda con nitidez. Cuando le dijeron que habían encontrado una familia para ella, no pudo dormir en toda la noche. “Me emocioné y me quedé pensando. Estaba nerviosa y contenta a la vez”, cuenta hoy por Zoom. En ese momento tenía 11 años, ahora tiene 13.
Lo primero que supo fue poco y suficiente: que la mamá era profesora de Arte, que el papá era biólogo y que había dos perritos. Hace una pausa breve —que parece larga— y dice, todavía sorprendida: “yo no lo podía creer”.
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