usticia Cerca es una iniciativa impulsada por el Poder Judicial de Catamarca para incrementar el acceso a los derechos en toda la provincia. Con el objetivo de enfrentar el histórico problema del centralismo judicial que deja a miles de personas de zonas rurales con dificultades para acceder al servicio de justicia, este programa moviliza a profesionales de diferentes disciplinas y autoridades que cada quince días visitan localidades aisladas y alejadas de los juzgados. El resultado más importante es que distintas problemáticas se resuelven in situ, en el lugar donde suceden los hechos, y que se abrió un paraguas legal para poblaciones que se encontraban desamparadas. Al reducir la brecha de acceso a la justicia, la iniciativa transforma la desconfianza en participación y demuestra que la equidad es posible cuando las instituciones del Estado tienen la voluntad de moverse y salir al encuentro de quienes las necesitan.
La desigualdad como punto de partida
La provincia de Catamarca presenta una geografía montañosa que ocupa el 80% del territorio, lo que genera barreras naturales en la movilidad. Los traslados son largos y caros. Esto también implica que haya regiones que concentran la mayor cantidad de población y localidades más pequeñas que carecen de servicios básicos, como Los Morteritos, El Desmonte y San José, entre otras.
El Poder Judicial de Catamarca se divide en 6 circunscripciones y se organiza por una Corte Suprema compuesta por 7 ministros y ministras, seguida por cámaras de apelaciones, jueces de primera instancia y juzgados de paz. Justicia Cerca nació para mitigar la desigualdad que plantea el asiento de los tribunales provinciales en las capitales -ciudades más pobladas-, como es el caso de la concentración de los edificios judiciales en San Fernando del Valle de Catamarca. La distancia física combinada con carencias económicas; dificultades de transporte y prejuicios convertía el acceso a la justicia en un derecho formal, pero no efectivo para una parte de la población que, justamente, por su aislamiento, mayor protección requería.
Este proyecto es el resultado de varios estudios realizados por defensoras y defensores públicos, quienes detectaron que gran parte de las consultas nunca llegaban a formularse ante la Justicia porque suponían traslados imposibles de afrontar. “En departamentos como Antofagasta de la Sierra, un viaje hasta Belén puede costar alrededor de $ 50.000 en transporte público o hasta $ 500.000 en un vehículo alquilado, todas cifras incompatibles con ingresos mensuales que no superan el medio millón de pesos”, comenta la defensora Ana Maria Castellanos, integrante de la Defensoría de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en Belén, Antofagasta.
La desigualdad económica y territorial impacta directamente en el goce de los derechos a la defensa y a recibir asesoramiento jurídico por parte del Estado. Dichas circunstancias producían efectos concretos en la calidad y alcance del servicio judicial. Situaciones de violencia psicológica, sexual, económica o física quedaban impunes por miedo, desconocimiento o por la mera distancia. En comunidades originarias, además, el aislamiento geográfico y cultural profundiza la exclusión, como es el caso de la comunidad diaguita-calchaquí Los Morteritos-Las Cuevas con quienes se han entablado lazos y redes de trabajo.
“Esta realidad se reflejaba en la baja demanda judicial en algunas circunscripciones, no por ausencia de conflictos, sino por barreras estructurales. Los diagnósticos territoriales y los datos de atención demostraron que, cuando el servicio judicial se acercaba a las comunidades, la demanda aparecía y las consultas aumentaban de manera significativa”, comenta Rita Verónica Saldaño, ministra de la Corte de Justicia de Catamarca a cargo de la coordinación del programa. El problema terminó de manifestarse con nitidez a partir del diálogo. No sólo conversaron entre sí distintos actores del Poder Judicial, sino que también hubo consultas a autoridades locales de juzgados de Paz, municipios y espacios comunitarios.
Adoptar la lógica opuesta
El programa Justicia Cerca invierte la lógica tradicional del sistema judicial: en lugar de exigir que la ciudadanía se traslade hacia los tribunales, es el Poder Judicial el que se acerca de manera planificada y sostenida a los territorios. En un contexto nacional donde el 74,4% de la población declara verse afectada por problemas jurídicos —cifra que asciende al 77,4% en el caso de pobreza estructural y al 90,8% en personas con discapacidad —, la iniciativa acerca respuestas concretas a sitios apartados de forma sistemática mediante el despliegue de operativos quincenales en localidades del interior de Catamarca.
En la práctica, la cercanía es materializada por equipos que integran las defensorías públicas con competencia multifuero, que se trasladan a las comunidades para atender consultas, iniciar trámites y brindar información legal. Estos operativos se realizan en articulación con instituciones públicas locales y de comunidades originarias. Los juzgados de Paz cumplen un rol central en la detección de necesidades y en el acompañamiento social, mientras que los municipios aportan el soporte logístico (traslados, espacios físicos e insumos básicos) que precisa la atención de la población durante una jornada completa de trabajo.
La ministra Rita Verónica Saldaño menciona que “el elemento imprescindible” es la decisión política institucional. “Sobre todo el compromiso de los operadores judiciales, el enfoque de derechos y la articulación interinstitucional”, detalla. Ocurre que la disponibilidad del personal resulta clave para que haya Justicia Cerca. El proyecto demanda equipos judiciales capacitados, movilidad institucional, coordinación y una planificación territorial sostenida.
Si bien el Poder Judicial proporcionó herramientas como computadoras, impresoras y cartelería para brindar la atención, el programa no consiste en una solución tecnológica, sino en la reorganización estratégica del servicio judicial desde un enfoque de derechos. El diseño se nutrió tanto de la experiencia cotidiana de los actores judiciales como del trabajo con contrapartes locales, lo que permitió adaptar la iniciativa a las características culturales y sociales de cada lugar. En la localidad de El Desmonte, por ejemplo, luego de identificar consultas recurrentes sobre violencia de género y pensiones alimentarias, las profesionales participaron de la jornada municipal con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) en la que aportaron información sobre acceso a derechos y acompañamiento a mujeres y familias de la zona.
Los resultados avalan el proyecto: 940 consultas atendidas en 19 localidades durante 2025, un aumento sostenido de servicios en zonas alejadas y la percepción interna de mayor confianza en la Justicia. Esto último está evidenciado en el incremento de denuncias por violencia de género en localidades donde antes no se denunciaban por temor a represalias, a la pérdida de empleo o a la difusión de información sensible. De forma complementaria, se acompaña desde la evacuación de dudas, el asesoramiento sobre el estado de causas, fijación de audiencias por alimento y comunicación, sobre derechos sucesorios, se brindan talleres sobre derechos ciudadanos, entre otras.
Justicia Cerca produjo un impacto significativo en circunscripciones como Tinogasta, Belén, Santa María y Recreo. En la Puna, miembros de pueblos originarios accedieron por primera vez a información sobre derechos de niñas y niños. En Saujil, adultos mayores se ahorraron viajes de 150 kilómetros. Y en Fiambalá las denuncias se tomaron en una escuela para incrementar la contención de las madres.
La Justicia como un espacio desconocido
El programa ya cuenta con dos años de vigencia más un período de prueba. Como los resultados fueron positivos, el Poder Judicial decidió continuarlo. En total y según los registros oficiales, acumula alrededor de 3.000 consultas y 60 localidades rurales visitadas.
Nombre de la práctica :
Oficina implementadora :
Jurisdicción :
Recomendaciones :
- La firma de convenios con los municipios es imprescindible para trabajar de manera mancomunada con los diferentes organismos del Estado local.
- Los juzgados de Paz resultan claves para el despliegue territorial. En este caso, se instalan por uno o dos días, según lo requiera la demanda de cada localidad, en establecimientos educativos como escuelas, para brindar privacidad y tener un contacto directo con vecinos.
- En ciertos lugares donde no hay medios de comunicación, se impone utilizar vías de información alternativas para la convocatoria, como mensajes en grupos de WhatsApp o contactar a referentes locales que ayuden con la difusión.
Impacto principal :
Las inquietudes planteadas abarcan temáticas variadas: desde trámites básicos hasta denuncias penales. Sin embargo, la cercanía no fue automática. Las defensorías públicas tuvieron que intervenir con un particular cuidado, respetando la confidencialidad y privacidad de las consultas, ya que percibían en la población cierto temor a dar a conocer sus problemas a autoridades que parecían lejanas. Fue gracias a que las visitas se repitieron, y al trabajo en red con agentes locales y municipios que se logró crear el ambiente de tranquilidad y seguridad para ventilar conflictos. A partir de estos progresos se identificaron temas críticos de derechos y necesidades jurídicas que desembocaron en la programación de talleres comunitarios. Luego de una primera jornada en la localidad de Saujil, por ejemplo, integrantes del programa fueron invitados a volver para brindar un taller sobre violencia destinado a estudiantes de la institución educativa.
Durante la aplicación del programa y en función del análisis de sus primeros resultados se determinó que se debía reforzar la difusión y la convocatoria debido a que en algunos lugares la información circula sólo por WhatsApp o mediante referentes locales, como agentes sanitarios, personal de la Policía, etcétera. Es una labor que se realiza predominantemente de puerta en puerta y de boca en boca, dado que la mayoría de las localidades no cuentan con medios de comunicación propios. De hecho, Catamarca no dispone en general de condiciones suficientes para el ejercicio del periodismo profesional, según la investigación de Desiertos de Noticias Locales, desarrollada por el Foro de Periodismo Argentino durante 2025. Los beneficiarios y las beneficiarias destacan que el programa les resulta útil y necesario. Una vecina de Antofagasta, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: “estamos muy contentos con el juzgado que viene de Belén, con todos los trámites que vienen a hacernos, porque ir desde acá nos genera mucho gasto. Es dejar de trabajar un día, pagar camionetas, y a veces no se tiene el dinero. Por esto es muy importante que vengan a ayudarnos con las inquietudes que tenemos. La verdad es que los necesitamos”.
El programa recibió un reconocimiento de parte de una revista especializada, en la categoría “Mejor proyecto judicial impulsado por las provincias”. En ocasión de comunicar esa distinción, la ministra Saldaño expresó que Justicia Cerca era una forma de realizar el principio de tutela judicial efectiva de los derechos humanos de los sectores más vulnerables. “En Catamarca nos encontramos con realidades adversas: comunidades en espinosas condiciones de vida, en lugares geográficos alejados, con desigualdad económica, que impactan altamente en su calidad de vida. Se pretende desde la gestión judicial, fundada en el espíritu de una justicia más humana, acercar el servicio a las diferentes realidades sociales, brindando soluciones rápidas con la mayor eficiencia posible”, dijo.
Más cercanía, un futuro viable
Saldaño manifiesta que se trata de una iniciativa replicable en otros contextos, especialmente en provincias o regiones con poblaciones dispersas y distancias grandes. En esos escenarios, se pueden adaptar la frecuencia de los operativos, la composición de los equipos y los dispositivos logísticos, siempre considerando las particularidades culturales y sociales de cada territorio. El programa tuvo presente que la Argentina adhirió a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana, según expresa Saldaño. Uno de los principios del tratado es la proactividad judicial, que implica que el sistema debe tomar medidas para acercarse a las personas y no al revés.
Justicia Cerca constituye un avance concreto hacia la igualdad en el acceso a los tribunales, al garantizar que las condiciones sociales, geográficas, culturales o materiales no sean un obstáculo para el ejercicio de derechos. Al acercarse a los territorios, el Poder Judicial cumple un rol activo con las comunidades a las que debe representar y proteger, fortaleciendo la confianza institucional.
En un país atravesado por desigualdades y situaciones de aislamiento que incrementan la vulnerabilidad y la exposición a las diferentes formas de la violencia, iniciativas como esta funcionan como dispositivos de contención, orientación y acompañamiento. Lejos de ser una política excepcional, Justicia Cerca aparece como una reacción fundamental para el goce igualitario de los derechos humanos.
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